LAS BAMBAS: CONFLICO SOCIOAMBIENTAL
CONTEXTUALIZACIÓN:
La Unidad Minera Las Bambas a cargo del consorcio constituido por las empresas: Minerals and Metals Group MMG se ubica entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en la Región Apurímac. Esta se encuentra en una situación crítica, a punto de verse obligada a parar su actividad por una protesta de las poblaciones aledañas, que bloquean desde hace casi dos meses el camino para trasladar el mineral.
- Esto partió desde febrero del 2015, donde los comuneros de Challhuahuacho inician un paro con la retención a los trabajadores de una empresa contratista del proyecto minero, en reclamo al desarrollo de infraestructura básica y la contratación de trabajadores de la localidad, en el distrito de Challhuahuacho.
- El 25 de septiembre de 2015, los pobladores inician un paro exigiendo la demolición de planta de tratamiento por considerarlo contaminante y anulación el EIA modificado. El 25 de septiembre de 2015 se declara el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros. Las protestas dejaron 4 muertos y 23 heridos.
- El primero de enero del 2016 se iniciaron las operaciones de la mina con los primeros convoyes de mineral transportados en una operación bi - modal a cargo de la empresa ferroviaria Perú Rail del empresario Lorenzo Sousa.
- En octubre de 2016, los pobladores inician un bloqueo por la utilización de la carretera por parte de la minera. Los enfrentamientos dejaron 1 comunero muerto y heridos a 15 personas y 20 policías.
- Desde el 4 de febrero de 2019, el corredor vial se encuentra bloqueada por pobladores de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), camino por donde se llega al campamento de la minera MMG, por lo que no se puede ni entrar ni salir con el mineral extraído, lo que representa pérdidas millonarias.
Motivos del conflicto:
Se trata de un conflicto que la mina arrastra desde 2014, cuando fue traspasada por la compañía suiza Glencore a la china MMG, lo que ha llevado en dos ocasiones a picos de gran violencia que se han cobrado la vida de cinco campesinos entre 2015 y 2016, y cuyos motivos están relatados a continuación.
1. Restricción a la participación de las comunidades
Ormachea es el primero en descartar las motivaciones de "antimineros" en el caso de las comunidades de Las Bambas. Para el especialista, los problemas comenzaron no con el rechazo del proyecto por parte de la población sino por la decisión del gobierno de no incluirlos en el diálogo. "Desde un inicio, y fui testigo de esto, las comunidades deseaban ser parte de la toma de decisiones y constantemente cuestionaban el mecanismo del fideicomiso [en donde negocian los alcaldes, el gobierno y la empresa]. Y eso nos da una pista que indica que las comunidades tenían una muy alta expectativa en torno a los beneficios a obtener del proyecto", afirma. "La voz permanente de las comunidades era 'queremos saber cómo está el proyecto, cuáles son los avances en cuanto al desarrollo a partir de este fondo social y cómo nosotros queremos participar'", explica Iván.
Se trata de un conflicto que la mina arrastra desde 2014, cuando fue traspasada por la compañía suiza Glencore a la china MMG, lo que ha llevado en dos ocasiones a picos de gran violencia que se han cobrado la vida de cinco campesinos entre 2015 y 2016, y cuyos motivos están relatados a continuación.
1. Restricción a la participación de las comunidades
Ormachea es el primero en descartar las motivaciones de "antimineros" en el caso de las comunidades de Las Bambas. Para el especialista, los problemas comenzaron no con el rechazo del proyecto por parte de la población sino por la decisión del gobierno de no incluirlos en el diálogo. "Desde un inicio, y fui testigo de esto, las comunidades deseaban ser parte de la toma de decisiones y constantemente cuestionaban el mecanismo del fideicomiso [en donde negocian los alcaldes, el gobierno y la empresa]. Y eso nos da una pista que indica que las comunidades tenían una muy alta expectativa en torno a los beneficios a obtener del proyecto", afirma. "La voz permanente de las comunidades era 'queremos saber cómo está el proyecto, cuáles son los avances en cuanto al desarrollo a partir de este fondo social y cómo nosotros queremos participar'", explica Iván.
2. Problemas de representación
En una reciente entrevista que
revela la forma en que el gobierno central piensa, el ministro del Interior,
Jose Luis Pérez Guadalupe, afirmó que "no deberían existir los Frentes de
Defensa" y que el diálogo debería llevarse a cabo solo con las autoridades
elegidas. "Yo creo que lo ideal sería
que no sean los Frentes de Defensa quienes tengan una voz porque, es cierto,
nadie los ha elegido y muchos de ellos no tienen una personalidad
jurídica", concuerda Ormachea pero aclara que "estamos en un contexto
en el cual los partidos políticos, que deberían ser las correas de transmisión
de la voz del pueblo a los estamentos políticos, no existen". Ormachea explica que en muchos
casos las autoridades elegidas han ganado las elecciones por mayoría simple y
se han enfrentado a una férrea oposición por lo que para las comunidades estas
no cuentan con la legitimidad necesaria para representarlos. Dicho de otra
manera: la falta de una reforma política (que no fue apoyada en el Congreso)
degenera en el actual sistema donde hay autoridades que no representan a nadie.
3. Una frágil regulación ambiental
Otro de los problemas clave que explican en gran medida los
conflictos con las comunidades se refiere a la insistencia del gobierno por
desregular los requisitos ambientales de los proyectos mineros. El experto en
temas de conflictividad es muy claro al respecto al afirmar que "no es una
buena decisión ni en el mediano, ni en el largo plazo". "Lo que se busca ante todo es promover las mejores
condiciones para atraer la inversión en el país (...) Ayuda tener una
legislación mucho más ejecutiva, permeable, pero en el tema de requisitos
ambientales hay que ser muy cautos porque eso no es ningún negocio",
explica. Pero el problema no se queda ahí: las críticas de Omarchea no
se dan solo contra esta actitud del gobierno sino con el mecanismo de los
Estudios de Impacto Ambiental. Solo basta recordar que en el reporte de la
Defensoría del Pueblo hasta el mes de agosto, de 213 conflictos sociales, unos
142 fueron de tipo socioambiental.
Posible solución del enfrentamiento:
Para el experto el mecanismo del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) debería ser diseñado pues tiene muchas inconsistencias en su estructura
que generan problemas con las comunidades. "El caso de Las Bambas no tiene que ver con
la aprobación sino con la modificación del EIA, esto demuestra que este instrumento
no está funcionando. No es participativo, no tiene credibilidad, no tiene
legitimidad social. Quien lo realiza es una consultora contratada por la
empresa y quien lo aprueba es la entidad que promueve la inversión
minera", aclara.
Suele ocurrir que, alrededor de un conflicto social, sea cual
sea, que aparecen científicos sociales u opinólogos tratando de atribuir las
causas del mismo a factores generales. Los problemas humanos son mucho más concretos,
individuales, tangibles y crudos. Esto ocurre en Las Bambas, la causa de este conflicto no
está en algún movimiento anti-minero ni en factor cultural alguno. Este es un
asunto principalmente económico y con nombre propio.Asimismo es necesario afianzar los mecanismos de
participación ciudadana para incluir a las comunidades afectadas y no solo
dialogar con autoridades con mínima representatividad.
Finalmente, la clave para resolver los conflictos sociales es indispensable incluir la decisión del gobierno para entregar la información a las mismas
comunidades, para prevenir antes de lamentar. El Estado en este caso es solo mediador y su papel es de instar a la comunidad a que acuerde con MMG Las Bambas para el desbloqueo de la vía.
👉👉Artículo 👀 : https://larepublica.pe/politica/708608-el-caso-de-las-bambas-porque-se-crean-los-conflictos-sociambientales-en-el-peru-video
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